INCUMPLIMIENTOS DEL ENTE REGULADOR
Reclamos sin respuesta 

La Auditoría General de la Nación realizó durante un año un relevamiento sobre la atención y resolución de los reclamos de los usuarios de transporte público automotor de pasajeros. El informe, efectuado sobre el accionar del Ente Regulador, detectó varios incumplimientos.

(INFOCIVICA, 16 de marzo de 2004).- La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó durante un año un relevamiento sobre la atención y resolución de los reclamos de los usuarios de transporte público. El informe, efectuado sobre el accionar del Ente Regulador, detectó varios incumplimientos.

El relevamiento de la AGN se refiere a la actuación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo encargado de controlar el transporte automotor de pasajeros, en el seguimiento de las denuncias efectuadas por los usuarios desde enero a diciembre del 2002. 

Los problemas detectados por la Auditoría aluden al excesivo tiempo de tramitación de los más de 30 mil reclamos realizados, a la falta de confiabilidad del sistema informático de la CNRT para registrar dichas denuncias y a la ausencia de control de los informes mensuales que las empresas prestatarias del servicio de transporte deben presentar sobre las llamadas telefónicas que reciben.

"La extensión en los plazos de tramitación afecta, no sólo la esencia del reclamo, sino también los derechos que poseen los usuarios sobre la debida tramitación y solución de los mismos", expresa la Auditoría en su informe. 

En el 2002, las empresas prestatarias del Servicio de Transporte Automotor registraron 17.432 llamados a través de sus servicios gratuitos de atención telefónica, en tanto, el Sistema de Denuncias implementado por la CNRT, recibió 12.860 reclamos. Según destacó la AGN, a la fecha de finalización del relevamiento, la totalidad de los expedientes se encontraban sin resolución y, como consecuencia, el tiempo promedio de demora ascendía a 232 días hábiles.

"En materia de servicios públicos, el objetivo principal no es la obtención de beneficios económicos por parte de las concesionarias ni liberar al Estado de alguna de sus actividades principales, sino beneficiar a los usuarios. Sin embargo, las auditorías demuestran, en general, que los usuarios aparecen desprotegidos y que sus intereses no siempre son respetados debidamente", opinó Leandro Despouy, titular de la AGN, quien agregó que "la actuación de la CNRT en materia de atención de reclamos ha sido deficiente". 

El informe de la Auditoría también apunta a que la Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios (GCPS), que forma parte de la CNRT, no prevé un mecanismo automático que detecte las reincidencias en las que incurre una misma empresa. Por ejemplo, si los reclamos por falta de frecuencia en el servicio superan el 10 por ciento del total de denuncias recibidas contra la línea en un trimestre, se debe iniciar una actuación administrativa. La AGN verificó que la apertura de dicha actuación se realizó sólo en el 10 por ciento de los casos. 

La importancia de esta tarea radica en que la reincidencia en las infracciones puede acarrear la suspensión o caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción en el Registro Nacional de la empresa concesionaria. 

En este sentido, Despouy consideró que "los informes de auditoría no son vinculantes aunque cada día tienen mayor incidencia en las decisiones, debido a la repercusión pública de los mismos a través de los medios de comunicación". Advirtió, sin embargo, que "sería útil para el futuro que la ley les confiera dicho carácter e inclusive que la Auditoría pueda disponer la suspensión en sus funciones de aquellos agentes del estado que hubieren cometido irregularidades". 

Buscan fortalecer los órganos de control

En este contexto, Poder Ciudadano anunció el lanzamiento del Observatorio Cívico del funcionamiento de los entes reguladores de los servicios públicos. "El funcionamiento de estos entes tienen un rol central en el control de los servicios operados por empresas privatizadas, por lo que nos parece imprescindible que la Auditoría examine su funcionamiento", explicó Virginia Lencina, coordinadora del Area Acción con Empresarios de la ONG.

Para Lencina, "muchas veces, estos órganos ven sobrepasadas sus capacidades y su rol termina desvirtuándose. Por eso, es muy importante hacer uso de las facultades previstas en el Decreto 1172/03, que dispone que las reuniones de Directorio de los Entes Reguladores sean abiertas y públicas". En este sentido propuso poner en práctica esta norma "para permitir que la ciudadanía se informe de decisiones que afectan sus vidas y se minimicen las presiones empresariales y la discrecionalidad de los funcionarios". 

El Observatorio Cívico no es el único intento por fortalecer los entes reguladores. También está promoviendo medidas para fortalecer los órganos auditores y garantizar su independencia funcional el Grupo Federal de Monitoreo y Difusión de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), integrado por Poder Ciudadano, el Foro Social por la Trasparencia, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Ciudadanos por el Cambio, Hagamos Algo, el Foro de Mujeres contra la Corrupción y Fiscales sin Fronteras. 

"Queremos promover mecanismos públicos y transparentes de selección, designación, promoción y remoción de todos los funcionarios de los organismos de control, para que accedan a sus cargos por carrera", remarcó Pilar Arcidiácono, coordinadora del Area de Relaciones Internacionales de Poder Ciudadano y miembro del Grupo Federal. 

Para Arcidiácono "resulta central propiciar una mayor autonomía de los auditores internos, la autarquía de los órganos de control y hacer efectivo el cumplimiento de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública por parte de dichas instituciones", 

Asimismo, el Grupo Federal plantea la necesidad de generar mecanismos de trabajo coordinado e instancias de cooperación entre el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación y las comisiones específicas de control del Congreso de la Nación. 

Estas acciones se enmarcan en las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos de la CICC, que también sugirió fortalecer la capacidad y la voluntad del Poder Judicial, a fin de terminar con la impunidad y hacer efectivas las investigaciones y denuncias realizadas por los órganos de control. 

Para mayor información, comunicarse con Virginia Lencina, coordinadora del Área de Acción con Empresarios de Poder Ciudadano al 4331-4925 interno 218 o al 155-120 7659.

Para mayor información sobre la CICC, contactarse con Pilar Arcidiácono, coordinadora del Area de Relaciones Internacionales de Poder Ciudadano al 4331-4925 int. 215.

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